9- Rutas y futuro: la conectividad vial de Necochea como desafío común
En cada litro de combustible que cargamos está incluido el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo nacional que nació con la idea de que quienes usan la red vial financien su mantenimiento.
De acuerdo con lo que pude averiguar, solo una parte de lo recaudado llega efectivamente a Vialidad Nacional —alrededor del 21 % en el caso de las naftas y el 28 % en el gasoil—, según datos oficiales del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial (Presupuesto Nacional 2024).
El resto se destina al Tesoro Nacional o a subsidios de transporte y energía. En la práctica, esto significa que el impuesto impacta principalmente sobre la red de rutas nacionales, mientras que las rutas provinciales dependen del presupuesto bonaerense y de la coparticipación general de impuestos, sin recibir recursos directos de este fondo.
En los últimos años se anunciaron programas como el Plan Argentina Grande, que busca modernizar corredores logísticos y pavimentar tramos estratégicos en todo el país.
A nivel provincial, el Plan 6×6 también contempla obras de infraestructura vial, aunque su núcleo principal es urbano —calles y pavimentos municipales—, e incluye algunos proyectos sobre rutas provinciales coordinados por Vialidad Bonaerense.
Son iniciativas valiosas, pero aún insuficientes frente al deterioro acumulado y las necesidades reales de conectividad que tienen regiones como la nuestra.
A este esquema se suma otro mecanismo: las concesiones viales con peaje, donde los usuarios pagan directamente por el mantenimiento, las mejoras y la operación de la ruta, además de garantizar una ganancia a la empresa concesionaria y un canon al Estado.
El modelo busca compensar la ineficiencia del aparato estatal, aunque muchas veces genera la sensación de un doble pago: en la estación de servicio y en la cabina de peaje, sin que las obras se concreten como deberían.
En teoría, el mantenimiento de las rutas es una obligación indelegable del Estado nacional y provincial, aun cuando contrate a privados para ejecutarlo.
En la práctica, los vecinos se encuentran con un laberinto burocrático: no saben a quién reclamar, el municipio no tiene competencia directa y los organismos de Vialidad —nacional o provincial— no ofrecen canales accesibles de respuesta.
Por eso, lo que debería ser un derecho básico termina siendo una demanda constante: ¿por qué el dinero que se cobra para rutas no se traduce en caminos más seguros y de calidad?
Argentina ya tuvo distintos intentos de planificación vial ambiciosos, pero casi todos se diluyeron por falta de continuidad. Hoy, más que nuevos nombres, lo que hace falta es sostener las obras en el tiempo.
3. Radiografía del deterioro
La Ruta Provincial 88 carga con décadas de accidentes y promesas incumplidas de autopista, en particular en el tramo Necochea–Mar del Plata, vital para el turismo y la conexión con la región.
La Ruta Provincial 86, que une Necochea con Benito Juárez, Azul y Olavarría —y que además es corredor hacia la capital provincial— muestra baches y demoras constantes en sus obras.
La Ruta Nacional 228, fundamental para el movimiento de cargas hacia el Puerto Quequén, presenta cruces inseguros y falta de mantenimiento.
Y la Ruta Provincial 227, utilizada como salida habitual hacia Balcarce para luego continuar a la Autovía 2 o la RP 29 rumbo a La Plata y Buenos Aires, también requiere inversiones de fondo para convertirse en un corredor verdaderamente seguro.
En mi caso, como hincha de Estudiantes de La Plata, cada vez que viajo para ir a la cancha tengo que pasar por la Ruta 29, y ahí el problema se siente en carne propia: huellones profundos que, cuando llueve, convierten al camino en un verdadero peligro.
Esa experiencia, que se repite para miles de vecinos que viajan por trabajo, estudio o salud, muestra que no hacen falta estadísticas oficiales para entender la gravedad del deterioro.
Cuando uno busca información oficial sobre obras, lo cierto es que no existe un canal unificado ni transparente. Lo poco que se consigue surge de artículos periodísticos o comunicados sueltos:
• En abril de 2024 se anunciaron trabajos de reparación de pavimento en la RP 88, aunque con demoras y cortes.
• En la RP 227 comenzaron tareas de bacheo en noviembre de 2024, dentro de una licitación que incluyó también la RP 86.
• En julio de 2025 se realizaron bacheos en la RP 86 en el acceso a Laprida.
• Y en la RP 29 se repavimentaron 73 km entre Brandsen y General Belgrano en mayo de 2023.
En síntesis, el deterioro es evidente y reconocido, aunque los avances aparecen solo en obras aisladas y comunicados dispersos. Para Necochea y Quequén, contar con rutas seguras y en condiciones no es un lujo: es una condición básica para el desarrollo, el turismo, el puerto y la vida cotidiana.
3.1. La señalización: un riesgo invisible
A los problemas de baches y falta de mantenimiento se suma otro factor crítico: la escasa o nula señalización en muchos tramos de la red vial.
De día, la ausencia de carteles o líneas pintadas ya complica la circulación.
Pero de noche, cuando la visibilidad depende exclusivamente de los faros, el riesgo se multiplica: sin demarcación reflectiva es fácil invadir carriles o no frenar a tiempo en una curva.
En rutas largas y sin iluminación, la señalización cumple un doble rol: orienta y da seguridad.
Sin ella, manejar se convierte en un esfuerzo adicional que acelera la fatiga y aumenta la probabilidad de accidentes.
4. Multas que superan el sueldo: ¿seguridad vial o recaudación pura?
Desde julio, el precio de la Unidad Fija (UF) —la base para calcular las multas en la Provincia— aumentó de $1.416 a $1.435, lo que elevó las sanciones más graves por encima del millón de pesos.
Para ponerlo en perspectiva:
• Exceder la velocidad permitida puede costar entre $215.250 y $1.435.000.
• Conducir bajo los efectos del alcohol o en contramano: entre $287.000 y $1.435.000.
• Circular sin seguro, sin VTV o con falta de documentación: entre $71.750 y $143.500.
No se trata de justificar infracciones: todos queremos rutas más seguras y menos accidentes.
El problema es la manera en que muchas veces se implementa el sistema de control: radares mal señalizados, cámaras ocultas y controles que parecen diseñados más para sorprender que para prevenir.
De hecho, aplicaciones como Waze se popularizaron porque los propios usuarios avisan dónde están los radares para “zafar” de una multa, lo que refleja la desconfianza hacia el sistema.
Oficialmente, el dinero de las multas debería destinarse a fondos de seguridad vial, señalización y controles, pero en la práctica gran parte termina en las cajas generales del Estado, sin un destino claro ni visible en mejoras concretas.
El contraste es evidente: una sola infracción grave puede equivaler al salario mensual completo de un trabajador promedio. Esta brecha plantea la necesidad de revisar si el sistema de multas cumple un verdadero fin preventivo o si terminó convirtiéndose en un mecanismo de recaudación desproporcionado.
5. El control ciudadano
En el día a día, el vecino que circula por la Ruta Nacional 228 debería poder reclamar ante Vialidad Nacional, y quien transita por las Rutas Provinciales 88, 86 o 227, hacerlo ante Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Ambos organismos tienen canales de atención, aunque poco difundidos y muchas veces lentos en dar respuesta:
Vialidad Nacional
📞 0800-222-6272 / 0800-333-0073
📧 atencionalusuario@vialidad.gob.ar
🌐 argentina.gob.ar
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires
📞 (221) 421-1161 / 69
📧 vialidad@vialidad.gba.gov.ar
🌐 vialidad.gba.gov.ar
Contar con estas vías de comunicación no resuelve por sí solo el problema, pero brinda un punto de inicio para que los reclamos tengan nombre y destino.
El paso siguiente es organizarnos: cámaras empresarias, asociaciones de transporte, colegios profesionales, sociedades de fomento y vecinos en general pueden amplificar la voz colectiva.
Hoy, además, las redes sociales y los petitorios digitales son herramientas que obligan a las autoridades a dar explicaciones.
La pregunta sigue siendo clara: si los vecinos pagamos impuestos y peajes, por qué no tenemos un mecanismo simple, rápido y confiable para asegurarnos de que esos recursos se traduzcan en rutas seguras?
6. El desafío pendiente: infraestructura para el mañana
Necochea y Quequén necesitan rutas en condiciones: la RP 88 hacia Mar del Plata, la RP 86 hacia el centro de la Provincia y La Plata, la RN 228 como salida del puerto, y la RP 227 como corredor habitual hacia la Autovía 2 o la RP 29 para llegar a Buenos Aires. No alcanza con parches ni promesas incumplidas: hacen falta obras de fondo y planificación a largo plazo.
La realidad es que la infraestructura vial casi nunca entra en la agenda provincial ni nacional. Ya pasaron las elecciones legislativas en todos esos niveles y, sin embargo, de estos temas que atraviesan la vida cotidiana casi no se habla.
Por eso, lo que necesitamos como comunidad es visibilizar estas problemáticas, saber a quién reclamar y organizarnos para traccionar cambios reales.Sin tono confrontativo, pero con constancia y unidad.
Las rutas no son solo asfalto: son la red que une nuestra vida cotidiana con el futuro de Necochea.
Las rutas necochenses estan detonadas por el puerto, camiones pasados de kg hacen que se rompa el material, ellos ganan mas dinero y nosotros lo perdemos cuando rompemos el auto.
ResponderEliminarLa ruta Necochea-Quequen fue reparada hace un año, hoy sigue igual de rota que antes.
Rutas, puentes, obras hidráulicas... no se si hablaste en otro blog de los accesos.... Increíble...
ResponderEliminarComo decís en el blog: impuestos, tasas, peajes... todo para que cada vez esté todo más deteriorado. Y lo que es peor: sin planificación.