12- Multas de tránsito: cuando sancionar reemplaza a prevenir

Para quienes en estos días circulan por las rutas y ciudades de la Provincia de Buenos Aires, muchas veces con destino turístico o productivo hacia lugares como Necochea, hay una sensación que se repite: moverse es cada vez más caro.

No se trata solo del combustible.

En este contexto se conocieron nuevos aumentos en las multas de tránsito, que vuelven a poner en discusión el sentido real del sistema sancionatorio: ¿está pensado para prevenir y cuidar, o para recaudar?.

Este escenario no es nuevo. En artículos anteriores señalé que distintos mecanismos de control —como la VTV— revelan un mismo problema de fondo: políticas de tránsito que cargan costos sobre quienes circulan sin mostrar un impacto proporcional en la prevención ni en la mejora de las condiciones de circulación.

La seguridad vial no empieza en la multa.

Empieza mucho antes, con educación, infraestructura adecuada, señalización clara y cercanía institucional. Cuando esa inversión previa es insuficiente o desigual, el sistema deja de prevenir y comienza a apoyarse cada vez más en controles, sanciones y cobros.

En ese marco, los aumentos recientes en las multas no inauguran una lógica nueva: la refuerzan.

Juzgados lejos, pago inevitable

A este esquema se suma un punto clave y poco discutido: la ubicación de los Juzgados de Faltas de Tránsito.

El propio mapa oficial de la Provincia muestra que muchos ciudadanos deben recorrer largas distancias para ejercer su derecho a defensa.

👉 https://infraccionesba.gba.gob.ar/ubicacion-juzgado 

Para un vecino del interior, apelar una multa implica:

• Viajar cientos de kilómetros.

• Gastar en combustible.

• Perder uno o más días de trabajo.

• Asumir costos que, muchas veces, superan el monto de la infracción.

En la práctica, la multa no se paga por acuerdo con la falta ni por una instancia pedagógica, sino cuando el sistema no deja otra opción.

Muchos conductores terminan pagando al renovar la licencia de conducir o, en su defecto, cuando venden el auto y, en el trámite ante el Registro de la Propiedad Automotor, aparecen las infracciones pendientes.

No hay ahí un proceso educativo.

Hay un bloqueo administrativo que obliga a regularizar para poder seguir circulando, renovar un derecho o disponer de un bien.

En la práctica, la alegría está en atravesar una renovación de registro o una venta de vehículo sin que aparezca ninguna infracción pendiente.

Cuando un sistema funciona de este modo, deja de ser preventivo y se vuelve recaudatorio, apoyándose no solo en el valor de la multa, sino también en barreras logísticas y administrativas que hacen inevitable el cobro.

Una pregunta que merece debate

Si el objetivo es la seguridad vial, entonces el sistema debería priorizar:

• Educación.

• Prevención.

• Infraestructura.

• Cercanía institucional.

• Transparencia.

Si, en cambio, el diseño empuja al pago automático, aleja al ciudadano del derecho a defensa y no muestra mejoras visibles, la percepción de que las multas funcionan como un impuesto encubierto no es un capricho: es una conclusión lógica.

Pensar en comunidad también es animarse a discutir estas cosas. Porque cumplir la ley no debería sentirse como una carrera de obstáculos, y la seguridad vial no puede reducirse a cuestión recaudatoria.